Una democracia comienza con una premisa sencilla: que sean los ciudadanos quienes decidan.
Sin presiones, amenazas ni intereses ajenos a la voluntad popular. Y, sobre todo, sin que organizaciones criminales pretendan sustituir con miedo, dinero o violencia lo que únicamente corresponde determinar a través del voto.
Por eso, la discusión en torno a la reforma electoral de Chihuahua merece nuestra atención. Más allá de partidos y diferencias políticas, existe una pregunta de fondo: ¿qué herramientas debe tener una democracia para defenderse cuando el crimen organizado pretende intervenir en sus elecciones?
Chihuahua aprobó una reforma electoral que incorporó disposiciones encaminadas a enfrentar este fenómeno, entre ellas mecanismos para anular una elección cuando se acredite la intervención del crimen organizado, así como disposiciones relacionadas con candidaturas y posibles vínculos con grupos delictivos.
La reforma fue impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y abrió un debate constitucional que deberá resolverse atendiendo a los derechos políticos, al debido proceso, a las competencias de las autoridades y a los principios establecidos en nuestra Constitución.
Esta semana, la gobernadora Maru Campos puso nuevamente el tema sobre la mesa al defender públicamente la reforma y solicitar a la Suprema Corte mantener las disposiciones encaminadas a impedir la intervención criminal en los procesos electorales.
Pero más allá de la discusión jurídica y de las posiciones partidistas, existe otra reflexión que nos corresponde como sociedad: ¿estamos haciendo lo suficiente para garantizar que sean los ciudadanos, y solamente los ciudadanos, quienes decidan el rumbo de sus comunidades?
La democracia no consiste únicamente en instalar casillas y contar votos. Requiere condiciones para ejercer la libertad.Cuando alguien vota bajo amenaza, una candidatura es condicionada por intereses criminales o la violencia pretende determinar quién puede competir y quién no, lo que está siendo vulnerado no es solamente un proceso electoral: es la capacidad de una sociedad para gobernarse a sí misma.
Por supuesto, tampoco caben soluciones simplistas. Cualquier mecanismo que pueda restringir derechos políticos o provocar la nulidad de una elección necesita reglas claras, pruebas suficientes, autoridades competentes y procedimientos que otorguen certeza.
Combatir la intervención criminal y garantizar los derechos constitucionales no deberían plantearse como objetivos incompatibles. Ambos forman parte de la defensa de la democracia.
Una legislación mal diseñada puede generar arbitrariedades, pero una democracia incapaz de reaccionar frente a la intervención del crimen organizado también enfrenta un riesgo.
Por eso, el debate que Chihuahua ha colocado sobre la mesa trasciende partidos y coyunturas. Nos obliga a preguntarnos qué clase de elecciones queremos construir hacia el futuro: elecciones donde participar siga siendo un derecho y no un riesgo; donde las candidaturas respondan a los ciudadanos y no a intereses ilegales; donde ninguna amenaza tenga más peso que una boleta depositada libremente en una urna.
Las leyes podrán perfeccionarse. Los tribunales deberán establecer sus alcances y límites. Las fuerzas políticas podrán sostener posiciones distintas.
Pero existe un principio que deberíamos compartir independientemente de colores y siglas: ningún poder criminal debe decidir por los ciudadanos.
En democracia, la última palabra debe pertenecer siempre a la gente.
Luly González
Mujer, ciudadana y voz pública con propósito.
