La conversación sobre seguridad casi siempre gira alrededor de cifras, estrategias o resultados. Sin embargo, hay otra discusión que rara vez ponemos sobre la mesa: aquello que estamos normalizando como sociedad.
¿Qué pasa cuando la ilegalidad deja de sorprender? ¿Qué ocurre cuando una noticia que antes generaba indignación empieza a verse como algo normal? ¿En qué momento el miedo, el cansancio o la costumbre comienzan a ocupar el lugar de la exigencia?
No son cuestionamientos sencillos, especialmente cuando la seguridad deja de percibirse como un tema distante y comienza a impactar familias, comunidades, actividades económicas y la manera en que imaginamos el futuro.
Esta reflexión nace de una inquietud mayor: qué ocurre cuando la percepción ciudadana empieza a sentir que la legalidad no siempre recibe el mismo trato.
Porque hay algo que comienza a generar preguntas. ¿Qué mensaje recibe una sociedad cuando pareciera que quienes enfrentan la ilegalidad cargan con desgaste, presión o cuestionamientos, mientras otros actores rodeados de señalamientos públicos avanzan sin consecuencias visibles?
No se trata de personas ni de partidos, se trata de confianza.
Porque si la sensación termina siendo que actuar tiene costo y guardar silencio no lo tiene, entonces el problema deja de ser solamente político. También alcanza la confianza en las instituciones, en la justicia y en la propia idea de legalidad, especialmente cuando desde la percepción ciudadana pareciera que enfrentar la delincuencia genera desgaste, mientras la tolerancia, la omisión o la convivencia con estructuras ilegales no siempre reciben el mismo nivel de cuestionamiento.
Porque una democracia también se mide por eso: por la forma en que responde cuando alguien decide enfrentar la ilegalidad y por la claridad con la que rechaza cualquier señal de tolerancia, cercanía o convivencia con intereses ajenos a la ley.
El Estado de derecho rara vez se rompe de golpe. También se debilita cuando la corrupción deja de sorprender, cuando la impunidad deja de generar preguntas y cuando la sociedad empieza a acostumbrarse.
Y quizá ahí está una de las mayores preocupaciones.
Porque una ciudadanía que deja de indignarse corre el riesgo de conformarse.
A veces pedimos más seguridad, más justicia y mejores resultados. Debemos hacerlo, pero pocas veces nos detenemos a preguntar qué estamos tolerando.
¿Estamos normalizando aquello que antes nos parecía inaceptable?
¿Guardamos silencio por cansancio?
¿Hemos permitido que la conveniencia pese más que la integridad?
Son preguntas necesarias porque no miran únicamente hacia gobiernos o instituciones; también invitan a revisar qué estamos permitiendo, qué estamos normalizando y qué tipo de sociedad queremos construir.
El crimen y la ilegalidad no afectan únicamente la seguridad. También desgastan la confianza, debilitan el tejido social y cambian la forma en que convivimos y pensamos el futuro.
Cuando una persona decide no denunciar por miedo, cuando una familia cambia hábitos por inseguridad o cuando una comunidad aprende a vivir bajo la lógica de “mejor no involucrarse”, algo comienza a modificarse: la confianza entre nosotros.
Y eso rara vez aparece en estadísticas. Se percibe en el silencio, en la indiferencia y en la sensación de que involucrarse ya no hace diferencia.
Quizá una de las conversaciones más importantes que tenemos pendientes no sea quién acusa más o quién responde más fuerte.
Tal vez la pregunta sea otra: ¿Qué tipo de ciudadanía queremos ser cuando la legalidad parece exigir más esfuerzo que la indiferencia?
Porque el Estado de derecho no depende únicamente de leyes, operativos o instituciones. También requiere ciudadanos dispuestos a participar, exigir y no acostumbrarse a aquello que nunca debió parecer normal.
La legalidad necesita instituciones fuertes, pero también coherencia. Porque una sociedad difícilmente confiará en el Estado de derecho si percibe que combatir parece costar más que callar.
Luly González
Mujer, ciudadana y voz pública con propósito.
