Las reglas de la democracia no son inamovibles. Con el paso del tiempo evolucionan para responder a nuevas necesidades, corregir vacíos legales o adecuarse a las transformaciones sociales y políticas. Sin embargo, cuando se modifican las normas que regulan las elecciones, no basta con saber que hubo una reforma; es indispensable comprender qué cambió, por qué cambió y cuáles serán sus efectos.
El pasado 30 de junio de 2026 fue publicada en el Periódico Oficial del Estado la reforma electoral aprobada previamente por el Congreso del Estado de Chihuahua y validada por la mayoría de los ayuntamientos, conforme al procedimiento que establece la Constitución local para su modificación. Con ello, nuestro estado cuenta con un nuevo marco jurídico en materia electoral que, en principio, será el aplicable al proceso electoral de 2027.
Más allá del contenido específico de las reformas, existe un aspecto que merece destacarse: fueron aprobadas y publicadas con la oportunidad necesaria para que las nuevas reglas rijan el próximo proceso electoral. La certeza jurídica constituye uno de los pilares de toda democracia, pues quienes participarán en una elección deben conocer con anticipación las normas que regularán la contienda, evitando cambios de última hora que generen incertidumbre o afecten la equidad.
No obstante, la publicación de una reforma no significa que el debate haya concluido. Como ocurre en todo Estado constitucional y democrático de derecho, es posible que existan actores políticos, instituciones o personas legitimadas que consideren necesario acudir a las instancias jurisdiccionales para controvertir alguna de sus disposiciones. Si ello ocurre, corresponderá a los tribunales competentes resolver las controversias y definir el alcance de las reformas. Así funciona un Estado de Derecho: las diferencias se dirimen mediante las instituciones y no fuera de ellas.
Lo cierto es que Chihuahua ya cuenta con nuevas reglas electorales. Sin embargo, pretender analizar una reforma de esta magnitud en una sola entrega sería simplificar un tema que merece un estudio serio y responsable. Detrás de cada artículo reformado existen razones, objetivos, alcances y posibles consecuencias que impactarán a las autoridades electorales, a los partidos políticos, a los municipios y, sobre todo, a la ciudadanía.
Nos encontramos en un momento especialmente significativo para la vida pública de nuestro estado y del país. México atraviesa una etapa de profundas transformaciones institucionales y Chihuahua se prepara para un proceso electoral que se desarrollará en un contexto político particularmente trascendente. Más allá de la competencia entre partidos, estará en juego la visión de estado que habrá de consolidarse en los próximos años, por lo que resulta indispensable que la ciudadanía conozca las reglas que regirán la contienda democrática.
Por ello, esta columna será la primera de una serie dedicada al análisis de la reforma electoral. En las próximas semanas iremos desmenuzando sus modificaciones más relevantes para explicar, de manera clara y accesible, qué cambió, cuál fue la intención del legislador y cuáles podrían ser sus implicaciones prácticas. También estaremos atentos a los criterios que, en su caso, emitan las autoridades jurisdiccionales si alguna de las reformas es impugnada, pues ello también forma parte de la evolución de nuestro sistema democrático.
No se trata de emitir juicios anticipados, sino de ofrecer elementos que permitan a cada lector formar su propia opinión. Porque las leyes pueden cambiar con la publicación de un decreto; la verdadera prueba comienza cuando esas normas se aplican y se enfrentan a la realidad.
El proceso electoral de 2027 no sólo pondrá a prueba a los partidos políticos, a las autoridades electorales y a quienes aspiren a un cargo de elección popular. También pondrá a prueba la solidez de esta reforma y su capacidad para responder a las exigencias de una sociedad cada vez más participativa e informada.
Hasta entonces, seguiremos analizando, artículo por artículo, una reforma que, sin duda, marcará buena parte del debate público en Chihuahua durante los próximos meses. Porque, al final, es precisamente entre la ley y la realidad donde encontramos las respuestas más importantes.
Arturo Michel
Porque conocer la ley es un derecho; comprenderla, una responsabilidad ciudadana.
