México vive tiempos peligrosos. No porque falten voces, sino porque cada vez hay más intentos por decidir cuáles de esas voces merecen ser escuchadas.
Hace unos días escuché una reflexión de la periodista Adela Micha sobre la libertad de expresión. Más allá de simpatías o diferencias, sus palabras me llevaron a pensar en el rumbo que está tomando nuestro país. Cuando desde el poder se habla de regular, clasificar o vigilar a los medios de comunicación, la pregunta obligada es: ¿quién vigilará al vigilante?
La historia enseña que los gobiernos nunca se conforman con administrar el poder; tarde o temprano también buscan administrar la narrativa. Quieren decidir qué es verdad, qué es mentira y quién tiene derecho a hablar. Ese es el primer paso para construir una democracia de apariencia, donde la crítica se convierte en molestia y el periodismo incómodo pasa a ser un enemigo.
Las conferencias mañaneras nacieron como un ejercicio de comunicación directa con la ciudadanía. Hoy, para muchos mexicanos, se han convertido en el escenario donde el gobierno fija la agenda política, responde a sus críticos, marca los temas del día y, desde su propia perspectiva, define la versión oficial de los acontecimientos. El problema no es que un gobierno comunique; el problema aparece cuando esa versión pretende desplazar o desacreditar sistemáticamente a las demás.
Como periodista y creador de contenido, me preocupa profundamente cualquier iniciativa que pueda concentrar más poder sobre los medios de comunicación. Porque cuando el Estado pretende convertirse en árbitro de la información, la libertad deja de depender de los ciudadanos y comienza a depender de la voluntad del gobernante en turno.
No importa si gobierna Morena, el PAN, el PRI o cualquier otro partido. La libertad de expresión no puede estar sujeta a los colores de una administración. Los gobiernos pasan; las libertades deben permanecer.
Hoy muchos ciudadanos perciben un país distinto al que se presenta desde el discurso oficial. Mientras millones enfrentan problemas de inseguridad, salud, economía o falta de oportunidades, la narrativa gubernamental suele destacar avances y resultados que, para una parte de la población, no siempre coinciden con su experiencia cotidiana. Esa diferencia de percepciones solo puede resolverse con información abierta, debate público y periodismo libre, nunca con más control.
Quien controla la información termina influyendo en la opinión pública. Y quien influye en la opinión pública termina fortaleciendo su poder. Esa ha sido una constante en los regímenes que, poco a poco, fueron debilitando los contrapesos democráticos. Por eso cualquier intento de ampliar el control sobre la comunicación merece ser observado con espíritu crítico, venga de quien venga.
No escribo estas líneas para defender intereses empresariales ni para proteger privilegios de los medios. Escribo porque creo que el derecho más importante de una sociedad libre es el de formar su propio criterio. Que cada ciudadano compare versiones, investigue, cuestione y saque sus propias conclusiones.
Desde esta tribuna manifiesto mi rechazo a cualquier propuesta que, en mi opinión, pueda abrir la puerta a limitar la libertad de expresión o debilitar la independencia de los medios. Hoy el debate no es sobre periodistas o comunicadores. El debate es sobre el derecho de los mexicanos a pensar sin que el poder decida por ellos.
Porque el día que un gobierno elija lo que podemos ver, escuchar o leer, ese día dejará de gobernar ciudadanos libres para comenzar a administrar conciencias.
Y cuando una democracia le tiene miedo a las voces críticas, deja de parecerse a una democracia y comienza a parecerse demasiado a aquello que juró nunca ser.
