Chihuahua, Chih.- En un contragolpe jurídico, el equipo legal de la gobernadora María Eugenia Campos Galván interpuso una denuncia penal ante instancias federales en contra del Ministerio Público y del personal de la Fiscalía General de la República que elaboró y ejecutó el citatorio para hacer comparecer a la mandataria por las indagatorias del operativo en la Sierra El Pinal.
Así lo dio a conocer el abogado Roberto Gil Zuarth, quien confirmó haber asumido la defensa legal de la jefa del Ejecutivo chihuahuense. El jurista detalló que el citatorio entregado el pasado sábado constituye una violación constitucional y un acto de “hostigamiento procesal” enmarcado en una persecución política operada desde el centro del país.
Gil Zuarth explicó que, si bien el documento de la FGR argumenta que la presencia de la mandataria es en calidad de testigo, la redacción e invocación de los artículos legales corresponden a los que se aplican para un inculpado, exigiendo incluso que comparezca acompañada de un defensor.
“Están utilizando fundamentos para citar a un inculpado. Por un lado le dicen que comparezca como testigo, pero por el otro hay una afirmación de que tiene que ir acompañada con su abogado por si las dudas. El Código Penal Federal establece con toda claridad que ningún Ministerio Público puede abrir un procedimiento de naturaleza penal en contra de una persona protegida por el fuero constitucional”, aseveró el defensor.
Calificó de “inverosímil” el actuar de la Fiscalía al pretender obligar a una gobernadora en funciones con inmunidad procesal a comparecer presencialmente ante una carpeta de investigación secreta, en lugar de solicitar los informes por la vía escrita. Confirmó que este lunes por la mañana se concretó la querella penal contra los funcionarios federales que resulten responsables por vulneración de las garantías y el fuero de un servidor público.
A pesar de acusar un uso faccioso e intimidatorio de las instituciones de procuración de justicia por parte de Morena con miras al proceso electoral, Gil Zuarth adelantó que la gobernadora no eludirá la situación y el citatorio federal será respondido puntualmente en sus términos jurídicos, ya que la administración de Chihuahua ha colaborado activamente con la Federación y “no tiene absolutamente nada que esconder”.
