Hay cosas que con los años adquieren valor. Un buen vino, algunos libros, ciertas canciones y hasta ese mueble de la abuela que nadie quería y ahora resulta vintage. Pero una ley ambiental no necesariamente envejece igual de bien. Esta semana México puso sobre la mesa una transformación que probablemente pase desapercibida entre noticias políticas, deportes y videos virales, pero que para quienes hemos trabajado en temas ambientales representa algo enorme. Después de casi cuatro décadas, el país pretende renovar profundamente la ley que ha servido como columna vertebral de nuestra política ambiental. Y sí, la famosa LGEEPA nació en 1988. Cuando apareció no existía Google, faltaban años para que internet llegara de manera cotidiana a nuestras casas y conceptos como justicia ambiental, microplásticos o crisis climática estaban muy lejos de formar parte de las conversaciones comunes. Treinta y ocho años después seguimos utilizando aquella estructura para enfrentar problemas que han cambiado muchísimo.
Para quienes no viven rodeados de siglas, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, mejor conocida como LGEEPA, es una de las leyes más importantes que tenemos en materia ambiental. De ahí parten temas como impacto ambiental, ordenamiento ecológico, áreas naturales protegidas, contaminación, inspección, sanciones y participación ciudadana. No significa que haya permanecido intacta desde 1988. Se ha reformado muchas veces y alrededor de ella han nacido otras leyes especializadas. Pero llega un momento en que seguir agregando artículos a una estructura diseñada para otra época comienza a parecerse a actualizar un teléfono de hace veinte años esperando que termine funcionando como uno nuevo.
Por eso, a finales de agosto, el Gobierno Federal envió al Congreso una iniciativa para crear una Ley General de Protección Ecológica y Justicia Ambiental. Conviene decirlo desde ahora porque luego las redes sociales se adelantan tres estaciones. Todavía no tenemos una nueva ley vigente. Es una iniciativa que deberá discutirse, modificarse, aprobarse y publicarse antes de convertirse en obligación. Sin embargo, el simple cambio de nombre ya nos dice hacia dónde pretende moverse la conversación. Después de décadas hablando principalmente de protección ambiental, aparece con mucha más fuerza una palabra que hacía falta incorporar de frente. Justicia.
Y no es solamente una palabra bonita. El daño ambiental nunca se reparte de manera equitativa. Una familia con recursos puede comprar filtros, instalar una cisterna, mudarse de colonia o pagar aire acondicionado cuando las temperaturas aumentan. Una comunidad rural cuyo acuífero se contamina, un pueblo indígena que pierde su bosque o una familia que depende directamente de un río no siempre tiene esa posibilidad. Hablar de justicia ambiental implica reconocer que detrás de una descarga contaminante no hay únicamente un parámetro fuera de norma. Hay personas utilizando esa agua. Detrás de una tala ilegal no faltan solamente árboles. Se pierde suelo, humedad, fauna, paisaje y futuro. Incluso detrás de una autorización de impacto ambiental existe una pregunta que durante demasiado tiempo dejamos en segundo plano. Quién recibe los beneficios y quién termina pagando los costos.
La propuesta incorpora principios que, por lo menos en el papel, representan una evolución importante. Prevenir antes que reparar, restaurar ecosistemas, utilizar ciencia y conocimientos tradicionales, involucrar a las comunidades en la gestión territorial, avanzar hacia una economía circular, proteger a quienes defienden el ambiente y reconocer que la justicia social y la ambiental están profundamente relacionadas. También busca integrar con mayor claridad temas de cambio climático, biodiversidad, contaminación, salud y patrimonio biocultural. En términos sencillos, sería dejar de entender el medioambiente como el departamento encargado de árboles, permisos y multas para reconocer que está conectado con economía, salud, agua, territorio, agricultura y derechos humanos.
Uno de los cambios que más me llamó la atención tiene que ver con una institución que quienes trabajamos en medioambiente conocemos perfectamente. La PROFEPA, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, existe desde 1992 y durante décadas ha sido la autoridad encargada de inspeccionar, vigilar, recibir denuncias y aplicar procedimientos cuando se incumple la legislación ambiental federal. La propuesta contempla transformarla en una Procuraduría Federal de Justicia Ambiental, la PFJA. Y aquí no estamos hablando únicamente de cambiar letras, logotipos o mandar rotular nuevamente las camionetas. La idea es darle herramientas más fuertes para intervenir frente al daño ambiental.
Entre lo planteado se encuentra fortalecer inspecciones, medidas de seguridad y procedimientos, mejorar la valoración de los daños al ambiente y darle mayor peso a la procuraduría en asuntos relacionados con delitos ecológicos. También se ha hablado de crear un Registro de Infractores Ambientales y endurecer sanciones para determinadas conductas. Es un cambio interesante porque durante años hemos tenido instituciones enfocadas en proteger el ambiente, pero muchas veces nos ha faltado dar el paso hacia algo todavía más complejo, lograr verdadera justicia cuando el daño ya ocurrió.
Y personalmente ahí veo uno de los mayores retos. En México hemos normalizado demasiadas veces que ambientalmente resulte más sencillo pedir perdón que pedir permiso. Primero se desmonta y después vemos cómo regularizamos. Primero aparece la descarga y después hablamos de remediación. Primero se instala el tiradero y después discutimos quién tenía competencia para impedirlo. Tenemos leyes, reglamentos, normas, procedimientos y sanciones. Lo que muchas veces falta es la certeza de que causar un daño ambiental tendrá una consecuencia real, proporcional y, sobre todo, oportuna. El ambiente tiene un problema con nuestros tiempos burocráticos. Un bosque puede perderse en horas, pero un procedimiento puede durar años.
Tampoco debemos caer en el entusiasmo fácil de pensar que cambiar PROFEPA por PFJA solucionará automáticamente nuestros problemas. Una institución con mayores facultades seguirá necesitando inspectores suficientes, presupuesto, laboratorios, vehículos, personal jurídico capacitado y presencia en territorio. Una sanción enorme escrita en una ley sirve de poco si nadie llega a inspeccionar. Una procuraduría puede llamarse de justicia ambiental, pero esa justicia necesita personas capaces de llegar al río, tomar una muestra, documentar correctamente el daño y sostener un expediente hasta sus últimas consecuencias.
Ahí estará la verdadera prueba de esta reforma. México no necesita solamente una ley moderna. Necesita que funcione fuera del papel.
También habrá que revisar con lupa algunos puntos durante la discusión legislativa. No porque actualizar la ley sea malo, sino porque una transformación de esta magnitud no debe aprobarse solamente porque suene verde. Universidades, comunidades, especialistas, organizaciones ambientales, empresas responsables y personas defensoras del territorio tendrán que participar. Una buena legislación ambiental debe facilitar que quien quiera hacer las cosas correctamente pueda hacerlo, pero también debe cerrar el paso a quienes han convertido contaminar, desmontar o incumplir en parte de su modelo de negocio.
Quizá uno de los cambios más importantes sea precisamente la manera de pensar. Durante mucho tiempo el medioambiente aparecía después de que el proyecto ya estaba diseñado. Primero decidíamos qué queríamos construir, cuánto queríamos producir o dónde queríamos instalarlo y después preguntábamos cómo reducir el daño. La lógica que ahora se intenta fortalecer es prevenir antes de reparar. En ecología esa diferencia vale muchísimo. Un acuífero contaminado puede tardar décadas en recuperarse. Una especie extinta no conoce programas de compensación. Un bosque maduro no reaparece porque plantemos cien árboles jóvenes en otro predio. Hay cosas que simplemente no se pueden regresar a su estado original con dinero.
Después de haber trabajado desde un gobierno municipal en temas ambientales, sé que todas estas discusiones terminan aterrizando en cosas mucho menos elegantes que un discurso en el Congreso. Terminan en el ciudadano que denuncia una descarga, en el productor que necesita saber qué puede hacer en su terreno, en la empresa que debe cumplir una autorización, en el inspector que tiene que demostrar una afectación y en el municipio al que alguien pregunta quién tiene competencia para resolver el problema. Por eso esta reforma no es un asunto exclusivo para abogados, legisladores o ecólogos. Lo que salga de esta discusión terminará influyendo en el agua que usamos, el aire que respiramos y el territorio que dejamos detrás.
Treinta y ocho años después, desempolvar nuestra legislación ambiental era necesario. Lo que no podemos permitir es cambiarle la portada al libro y seguir contando exactamente la misma historia.
Consejo incómodo: la próxima vez que veas una afectación ambiental en tu comunidad, no te quedes únicamente con la publicación en Facebook. Toma fotografías, registra ubicación, fecha y hora, identifica qué autoridad tiene competencia y presenta la denuncia. Si no sabes a quién corresponde, pregunta. Una legislación más fuerte servirá de poco si la ciudadanía tampoco aprende a utilizarla.
Una ley puede tardar años en escribirse. Un bosque puede desaparecer en una tarde. La verdadera modernización ambiental no se medirá por cuántos artículos nuevos publiquemos, sino por cuántos daños seamos capaces de evitar antes de que ya no quede nada que reparar.
Juntos Todos por un planeta donde la justicia ambiental no se quede archivada en un expediente, sino que se note en los ríos, los bosques, el aire y la vida que todavía podemos proteger. 🌎🍃
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