La democracia reconoce el derecho de toda persona a afiliarse al partido político con el que mejor se identifique. También permite cambiar de militancia cuando así lo decida. Es una libertad protegida por la ley y una expresión propia de un sistema democrático. Sin embargo, entre lo que la ley permite y lo que la ciudadanía espera existe una diferencia que vale la pena analizar.
En los últimos años se ha vuelto cada vez más común ver a políticos que cambian de partido con sorprendente facilidad. En una elección defienden una ideología, una plataforma y un proyecto de gobierno; en la siguiente aparecen bajo otros colores, con un discurso distinto y, en ocasiones, criticando aquello que antes respaldaban. El cambio de partido no debería sorprender; lo que realmente llama la atención es la rapidez con la que algunos cambian también de convicciones.
Los partidos políticos no fueron concebidos únicamente para postular candidatos. Nacieron para representar ideas, principios y una visión sobre cómo atender los problemas de la sociedad. Quien decide militar en un partido lo hace, en principio, porque comparte esa forma de entender el servicio público. Por ello, cuando los cambios de militancia se vuelven una constante, la ciudadanía inevitablemente se pregunta si alguna vez existió una verdadera convicción o si el partido solo fue un medio para alcanzar un cargo.
Es ahí donde surge la figura del llamado “político chapulín”: aquel que salta de un partido a otro buscando mantenerse vigente, obtener una candidatura o conservar espacios de poder. El proyecto colectivo pasa a un segundo plano y el proyecto personal ocupa el primero. La política deja de ser un compromiso con una causa para convertirse, muchas veces, en una estrategia de permanencia.
Desde luego, existen casos en los que un cambio de partido puede responder a diferencias legítimas de principios, a la pérdida de confianza en una organización o a una evolución auténtica del pensamiento político. Eso forma parte de la libertad democrática. Sin embargo, cuando los cambios coinciden siempre con las mejores oportunidades electorales, resulta inevitable que la sociedad cuestione si el motor es la convicción o la conveniencia.
La confianza ciudadana no se construye con discursos, sino con congruencia. Los ciudadanos esperan representantes que defiendan sus ideales incluso cuando hacerlo implique asumir costos políticos. Porque los principios tienen mayor valor cuando permanecen firmes en los momentos difíciles, no cuando cambian al ritmo de las encuestas o de las posibilidades de una candidatura.
La ley seguirá reconociendo el derecho de cambiar de partido, y así debe ser en una democracia. Pero la realidad nos recuerda que la confianza de la gente no se gana cambiando de colores, sino siendo coherente entre lo que se piensa, lo que se promete y lo que finalmente se hace.
Al final, la política necesita mujeres y hombres de convicciones, no especialistas en cambiar de camiseta. Porque los partidos pueden cambiarse por decisión, pero los principios no deberían cambiarse por conveniencia. Ahí radica la diferencia entre hacer de la política una vocación de servicio o convertirla simplemente en un proyecto personal de permanencia.
