Hay una frase que se repite cada vez que un político enfrenta una investigación: “Que se aplique la ley.” En teoría, todos estamos de acuerdo, nadie debería estar por encima de la justicia, sin importar el cargo que ocupe, el apellido que lleve o el partido al que pertenezca. El problema empieza cuando esa convicción parece que sí depende del color de la camiseta.
En los últimos años hemos visto cómo algunos personajes de la vida pública han sido señalados por presuntos actos de corrupción, vínculos con actividades ilícitas. Algunos casos avanzan con una velocidad sorprendente; otros permanecen en el silencio o en la espera interminable de una explicación que nunca llega.
El caso reciente de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, ha ocupado titulares y generado múltiples cuestionamientos. Más allá de las versiones que circulan, de lo que pueda o no comprobarse y de las investigaciones que correspondan, existe una exigencia que debería ser común y es la de conocer la verdad.
Nadie debería ser condenado por rumores ni por especulaciones, la presunción de inocencia existe por una razón. Pero ese mismo principio exige que las autoridades investiguen, informen y actúen con la misma firmeza frente a cualquier persona, sin importar el partido al que pertenezca, porque la justicia no debe convertirse en un instrumento selectivo.
Hoy me es inevitable comparar la velocidad de las instituciones según el nombre de los investigados. Hay casos que parecen avanzar con una rapidez admirable, otros están durante meses, o años, sin respuestas claras, mientras la información pública es escasa y las explicaciones insuficientes.
La reciente detención del ex gobernador Ernesto Ruffo por un caso relacionado con presunto huachicol fiscal es un ejemplo de que nadie debería estar exento de responder ante la ley si existen elementos para hacerlo. Si cometió un delito, qué bueno que sea investigado y, en su caso, sancionado, así debe funcionar un Estado de derecho. Pero esa misma firmeza debería existir siempre, porque la credibilidad de la justicia no depende de que investigue a un político de oposición o a uno del partido gobernante, depende de que investigue con la misma determinación a ambos.
El país necesita instituciones que sean capaces de investigar a cualquiera, pero también necesita ciudadanos dispuestos a exigir el mismo criterio para todos. Porque también nosotros hemos caído, muchas veces, en la tentación de medir con distinta vara. Celebramos una investigación cuando alcanza al que piensa distinto y hablamos de persecución política cuando toca a quien coincide con nuestras ideas, cambiamos de discurso con mucha facilidad. Y cuando los principios dependen de nuestras simpatías, dejan de ser principios.
La ley no fue creada para proteger a unos y castigar a otros, fue creada para garantizar que todos recibamos el mismo trato. Eso implica aceptar que cualquier servidor público, sin importar el cargo que ocupe o el partido que represente, debe rendir cuentas cuando existan señalamientos serios; Pero también exigir que esas investigaciones se conduzcan con pruebas, con debido proceso y con transparencia.
Porque la confianza en las instituciones no se pierde cuando un político es investigado, se pierde cuando los ciudadanos comenzamos a sospechar que la ley cambia de intensidad dependiendo del color de la credencial.
No necesitamos fiscales más rápidos para unos y más pacientes para otros, no necesitamos gobiernos que defiendan automáticamente a los suyos mientras condenan a adversarios, necesitamos instituciones que no tengan favoritos.
Tal vez nunca estaremos de acuerdo sobre qué partido gobierna mejor, pero sí deberíamos ser capaces de coincidir en algo: ningún servidor público debería recibir un trato distinto ante la ley por el color de su partido. Porque el día que aceptamos una justicia selectiva creyendo que beneficia a los nuestros, en realidad estamos construyendo un sistema que mañana podrá utilizarse contra cualquiera.
La verdadera democracia no se demuestra cuando castigamos al adversario, se demuestra cuando somos capaces de exigir la misma justicia para quien piensa como nosotros y para quien piensa distinto, la ley no debería preguntar de qué color eres antes de decidir cómo tratarte.
