Hay algo que una autoridad electoral no puede darse el lujo de perder: la confianza de los ciudadanos.
En un proceso electoral, la imparcialidad no solamente debe existir en la actuación de las instituciones; también debe ser visible, entendible y perceptible para quienes participan en la contienda. Porque cuando una decisión es jurídicamente correcta, pero genera la percepción de que la autoridad está inclinando la balanza hacia un lado, el problema deja de ser únicamente jurídico y comienza a convertirse en un problema de confianza pública.
En Chihuahua estamos entrando precisamente en ese terreno.
Durante los últimos años hemos escuchado a distintos actores políticos hablar de la importancia de contar con autoridades electorales imparciales, independientes y ajenas a cualquier interés partidista. Algunos de quienes hoy participan en la discusión política incluso hicieron de la defensa de la imparcialidad de las instituciones electorales una bandera cuando estuvieron al frente de gobiernos o desempeñaron responsabilidades públicas.
Y precisamente por eso hoy vale la pena recordarles algo: la imparcialidad debe defenderse siempre, no solamente cuando beneficia a nuestro lado.
Las denuncias entre partidos, las solicitudes de medidas cautelares y las decisiones de las autoridades electorales forman parte de la normalidad de cualquier democracia. Es correcto que existan mecanismos para denunciar posibles infracciones y que las autoridades investiguen y, cuando corresponda, ordenen medidas preventivas.
Lo que no puede ser normal es que los ciudadanos comiencen a sentir que las reglas no se aplican con la misma vara.
No estoy diciendo que exista una autoridad electoral parcial. Tampoco corresponde a una columna periodística sustituir a los tribunales ni anticipar responsabilidades que todavía deben determinarse conforme a derecho.
Pero sí creo que debemos hablar de algo que es igualmente importante: la percepción de imparcialidad.
Cuando una misma conducta parece recibir tratamientos distintos dependiendo de quién la realiza; cuando una medida cautelar genera dudas sobre el criterio utilizado; cuando las decisiones son constantemente interpretadas desde el color partidista de quien resulta beneficiado o afectado, las instituciones deben hacer un esfuerzo adicional por explicar sus determinaciones y demostrar, con hechos, que la ley se aplica exactamente igual para todos.
Porque en materia electoral no basta con ser árbitro.
Hay que parecer árbitro.
Y esto adquiere todavía mayor relevancia por el momento que vive Chihuahua.
Estamos frente a un escenario que puede marcar una etapa importante de nuestra vida democrática. El proceso electoral que viene no será uno más. Las decisiones que se tomen desde ahora —por partidos, gobiernos, candidatos, ciudadanos y autoridades— van a construir el ambiente en el que habremos de enfrentar la elección de 2027 y, posteriormente, el escenario nacional de 2030.
Por eso Chihuahua tiene una responsabilidad especial.
No podemos permitir que el debate político se convierta en una guerra de percepciones donde cada resolución sea interpretada como una victoria de un color y cada medida cautelar como una derrota del otro.
La democracia necesita competencia, sí.
Necesita oposición, también.
Necesita gobiernos que defiendan sus resultados y ciudadanos capaces de cuestionarlos.
Pero, sobre todo, necesita árbitros en los que todos puedan confiar
Y esa confianza se construye con decisiones imparciales, procedimientos transparentes, criterios consistentes y una comunicación institucional capaz de explicar por qué se decide de determinada manera.
Porque cuando las instituciones electorales pierden credibilidad, no pierde un partido.
Pierde la democracia.
Chihuahua debe prepararse para lo que viene. Y prepararse no significa solamente que los partidos comiencen a organizarse, que aparezcan aspirantes o que se intensifique el debate político.
También significa que las instituciones deben estar a la altura del momento histórico.
Desde Chihuahua debemos demostrar que es posible competir con reglas claras, que es posible disentir sin descalificar a las instituciones y que es posible tener autoridades que no necesiten demostrarle nada a ningún partido porque su única obligación sea con la ley.
El futuro democrático de Chihuahua no se construirá únicamente el día de la elección.
Se está construyendo desde ahora.
Y si queremos llegar a 2030 con gobiernos humanistas, con instituciones fuertes y con una ciudadanía que vuelva a confiar en la democracia, primero tenemos que garantizar algo elemental:
que nadie tenga dudas de que el árbitro juega para la ley y no para un color.
Porque al final, entre la ley y la realidad, hay una diferencia que no podemos ignorar:
la justicia electoral no solamente debe ser imparcial; también debe sentirse imparcial.
Arturo Michel
Entre la Ley y la Realidad
