En los últimos años hemos visto cómo muchos asuntos que deberían resolverse en tribunales terminan primero en redes sociales, ruedas de prensa o escenarios políticos. La denuncia pública ha sustituido, en muchos casos, a la denuncia legal. Y eso representa un problema serio para cualquier sociedad que aspire a vivir bajo un verdadero Estado de Derecho.
Hoy pareciera que la justicia ya no se construye con expedientes, pruebas e investigaciones sólidas, sino con filtraciones, campañas mediáticas y narrativas cuidadosamente dirigidas a la opinión pública.
En teoría, quien tiene pruebas debe acudir ante las autoridades competentes. Para eso existen fiscalías, tribunales y procedimientos legales. Sin embargo, en la realidad, cada vez es más común ver actores políticos o grupos de interés que prefieren primero salir a señalar, exhibir y condenar públicamente antes de presentar formalmente un caso.
¿Por qué? Porque mediáticamente resulta más rentable.
La justicia se ha politizado de manera preocupante. Algunos asuntos avanzan con velocidad extraordinaria cuando generan impacto político o social, mientras otros permanecen archivados durante años sin consecuencias para nadie. Esa selectividad termina destruyendo la confianza ciudadana.
Y el problema no es únicamente para quien es acusado injustamente. El daño también alcanza a las verdaderas víctimas, porque cuando la justicia se utiliza como herramienta política, la gente comienza a dudar de todo: de las investigaciones, de las instituciones y hasta de las resoluciones judiciales.
En lo local lo vemos constantemente. Basta observar cómo ciertos temas se convierten de inmediato en conferencias, declaraciones y posicionamientos públicos, mientras el proceso legal queda en segundo plano. Se construyen culpables antes de investigar y se dictan sentencias desde la presión mediática antes que desde los tribunales.
La consecuencia es peligrosa: dejamos de creer en la ley y comenzamos a creer únicamente en quien grita más fuerte.
Y una sociedad donde la justicia depende de tendencias, intereses políticos o presión pública termina alejándose de la legalidad para acercarse peligrosamente al espectáculo.
Defender el debido proceso no significa proteger la corrupción ni justificar abusos. Significa entender que la ley debe aplicarse igual para todos, sin excepciones, sin venganzas y sin protagonismos políticos.
Porque cuando la justicia se convierte en propaganda, deja de ser justicia.
Arturo Michel.
