La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral no puede convertirse en el punto final de uno de los episodios más cuestionados en la administración reciente del organismo encargado de organizar nuestras elecciones. Por el contrario, su salida debe representar el inicio de un verdadero ejercicio de rendición de cuentas. Porque en México parece que hemos normalizado una práctica preocupante: cuando los señalamientos alcanzan a los altos funcionarios, la renuncia se presenta como una solución, cuando jurídicamente apenas constituye la separación del cargo.
Los señalamientos sobre presuntas irregularidades en contrataciones, posibles conflictos de interés, abuso de funciones y manejo de recursos públicos no son asuntos menores. El propio Órgano Interno de Control del INE ha informado sobre 16 expedientes de investigación iniciados durante 2025 y 2026, además de otras 25 investigaciones derivadas de auditorías y revisiones. Estamos hablando de procedimientos que involucran a servidores públicos, particulares y empresas proveedoras. A ello se suma la salida de 15 funcionarios vinculados con la administración anterior. Sin embargo, es indispensable aclarar que una investigación no representa una sentencia ni acredita por sí misma responsabilidad alguna. Precisamente para eso existen las instituciones: para investigar, esclarecer los hechos y, cuando corresponda, sancionar.
Pero aquí surge una pregunta fundamental: ¿quién debe investigar a quien encabezó el organismo encargado de garantizar la legalidad de nuestras elecciones? La respuesta no admite interpretaciones políticas: la Constitución y las leyes establecen distintas autoridades competentes, cada una con atribuciones específicas.
En primer término, el Órgano Interno de Control del INE tiene una responsabilidad directa. El artículo 39, numeral 4, en relación con los artículos 487 y 490 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece sus facultades para conocer e investigar posibles responsabilidades administrativas dentro del instituto, incluida su presidencia. Su autonomía técnica y de gestión debe garantizar que las investigaciones se desarrollen sin subordinación a quienes ejercieron el poder. Tratándose de faltas administrativas graves, corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa imponer las sanciones que legalmente procedan.
Por otra parte, la Auditoría Superior de la Federación no puede permanecer ajena. El artículo 79 constitucional le confiere facultades para fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos federales, investigar irregularidades y promover las acciones legales correspondientes. Su intervención resulta fundamental para determinar si existieron daños al patrimonio público, pagos injustificados, contrataciones irregulares o recursos cuyo destino no pueda acreditarse. No se trata únicamente de revisar facturas, sino de verificar que cada peso del presupuesto haya sido ejercido conforme a la ley.
Y existe una tercera autoridad que no debe quedar fuera de esta discusión: la Fiscalía General de la República. Si de las investigaciones se desprenden indicios de posibles delitos federales, corresponde al Ministerio Público, a través de la fiscalía competente, desarrollar las investigaciones penales. El desvío de recursos, el ejercicio ilícito del servicio público o cualquier otra conducta delictiva que pudiera acreditarse no puede resolverse únicamente mediante observaciones administrativas.
Por tanto, no estamos ante la necesidad de elegir entre el OIC, la Auditoría Superior de la Federación o la FGR. Las tres pueden intervenir, cada una dentro de su competencia. La responsabilidad administrativa, la fiscalización de recursos y la investigación penal son vías distintas que pueden coexistir, siempre respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.
Sin embargo, el caso Taddei también tiene una dimensión política que sería irresponsable ignorar. Durante años se ha utilizado el discurso de austeridad para justificar recortes presupuestales al INE, bajo el argumento de que las instituciones deben gastar menos. Pero hoy, frente a los cuestionamientos sobre contrataciones y posibles excesos administrativos, resulta inevitable preguntar si esa misma exigencia de austeridad se aplicó con rigor a quienes tenían la responsabilidad de administrar los recursos.
Porque la austeridad no puede significar menos presupuesto para las funciones del instituto y mayor tolerancia frente a posibles irregularidades de sus funcionarios. Los recursos públicos deben administrarse con legalidad, eficiencia y transparencia, independientemente de quién ocupe la presidencia o de qué partido político tenga mayoría en el Congreso.
También existe una responsabilidad política que merece discutirse. En 2024, Morena y sus aliados impulsaron modificaciones legales que concentraron en la presidencia del INE facultades para realizar nombramientos que anteriormente requerían la aprobación del Consejo General. Hoy que la gestión de Guadalupe Taddei enfrenta cuestionamientos, resulta legítimo preguntar quién asume la responsabilidad política por haber debilitado ese contrapeso colegiado. Una cosa es determinar responsabilidades jurídicas individuales y otra, igualmente importante, reconocer las consecuencias de las decisiones legislativas.
La autonomía constitucional del INE no significa inmunidad para sus funcionarios, pero tampoco autoriza al poder político a utilizar las investigaciones como instrumento para intervenir en el organismo. Las autoridades fiscalizadoras deben actuar con independencia, sin encubrimientos, sin venganzas y sin instrucciones partidistas. La ley debe aplicarse con el mismo rigor a quienes simpatizan con el gobierno y a quienes lo cuestionan.
La salida de Guadalupe Taddei y la renuncia de funcionarios cercanos a su administración no pueden convertirse en una estrategia para dar por terminado el escándalo. Las renuncias podrán cerrar ciclos administrativos, pero jamás deberán cerrar investigaciones.
Hoy corresponde al Órgano Interno de Control esclarecer las posibles responsabilidades administrativas; a la Auditoría Superior de la Federación, fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos; y a la Fiscalía General de la República, investigar aquellos hechos que pudieran constituir delitos de su competencia.
La exigencia debe ser clara: investigaciones independientes, resultados transparentes y responsabilidades determinadas conforme a derecho, sin importar el cargo que ocuparon los involucrados ni sus vínculos políticos.
Porque el verdadero problema no es solamente lo que pudo haber ocurrido durante la administración de Guadalupe Taddei, sino lo que sucederá si las instituciones encargadas de investigar deciden mirar hacia otro lado.
En México, dejar el cargo no debe significar dejar de rendir cuentas. Y cuando la justicia se detiene frente al poder, la impunidad termina convirtiéndose en una decisión política.
Arturo Michel
