Chihuahua, Chih.- La solicitud de juicio político promovida por 11 diputados locales morenistas contra la gobernadora María Eugenia Campos quedó sin efecto debido a que sus impulsores no la ratificaron dentro del plazo de tres días establecido por la Cámara de Diputados.
La presidenta del Congreso mexicano, Kenia López Rabadán, confirmó que la denuncia perdió vigencia en términos legales. “No existe ya una solicitud de juicio político en contra de la gobernadora Maru Campos. Una vez que no se ha ratificado, no se tiene por presentada la solicitud”, dijo el fin de semana durante una visita a Chihuahua, donde participó en un encuentro de liderazgos panistas organizado en respaldo a la mandataria estatal.
La petición fue presentada el martes pasado por legisladores de Morena en la Cámara de Diputados. En el documento acusaban a Campos de haber permitido la supuesta intervención de elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en acciones contra el narcotráfico realizadas en territorio mexicano. A juicio de los impulsores, esa conducta constituía una violación a la soberanía nacional, al pacto federal e incluso podía configurarse como un acto de traición a la patria.
Entre los firmantes figuraban los diputados morenistas Edín Cuauhtémoc Estrada, Magdalena Rentería Pérez, Leticia Ortega Máynez, Óscar Daniel Ávila, Elizabeth Guzmán, María Antonieta Pérez, Brenda Ríos, Pedro Torres, Edith Palma Ontiveros, Herminia Gómez y Jael Argüelles.
De acuerdo a la ley, al concluir el plazo legal sin que los promoventes ratificaran formalmente la denuncia, la solicitud pierde validez y queda archivada en automático. Bajo esos términos, Campos ya no enfrenta ningún procedimiento de juicio político derivado de ese recurso.
El desenlace ofrece una victoria política temporal para el PAN en un momento en que el partido ha cerrado filas en torno a la gobernadora frente a los embates de Morena. Campos se ha convertido en una figura central de la confrontación entre la oposición y el oficialismo, especialmente después de que el caso ha sido utilizado por la cúpula morenista para alimentar el debate sobre la presencia de agentes extranjeros en México.
Este frente se abrió por el oficialismo para atajar el escándalo por la decena de funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, incluido el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza, acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de vínculos con el Cártel de Sinaloa. La denuncia fallida deja interrogantes sobre la estrategia de Morena, pues lo que fue presentado como una acusación de alto calibre contra una gobernadora de oposición terminó diluyéndose por no cumplir con un requisito elemental del procedimiento.
