En México nos gusta presumir que somos una República federal. Decimos que los estados son libres y soberanos, que cada nivel de gobierno tiene sus responsabilidades. Pero cuando llega la crisis, esa idea se pone a prueba.
Y hoy, el caso Chihuahua la está poniendo en evidencia.
Tras un operativo contra el crimen organizado, con consecuencias trágicas y una fuerte reacción política, lo que estamos viendo no es solo un problema de seguridad. Es un problema de coordinación, de responsabilidad y de congruencia en el ejercicio del poder.
Porque en los hechos, el federalismo mexicano no siempre funciona como debería.
La Federación concentra las grandes facultades en materia de delincuencia organizada, pero son los estados, como Chihuahua, los que enfrentan la realidad todos los días. Son quienes actúan, quienes arriesgan y quienes, cuando algo sale mal, tienen que dar la cara.
Y eso hay que decirlo con claridad.
La administración de Maru Campos no ha optado por la inacción. Ha enfrentado el problema, con costos, con riesgos y, sí, también con errores que deben investigarse. Pero enfrentar no es lo mismo que evadir.
En política de seguridad, esa diferencia es fundamental.
Por eso llama la atención el contraste con otras partes del país. Mientras en Chihuahua se actúa y se asumen las consecuencias, en el contexto nacional vemos escenarios que generan cuestionamientos y preocupaciones.
En días recientes, diversos medios han difundido información sobre una solicitud de detención con fines de extradición por parte de Estados Unidos en relación con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Más allá de la veracidad o el curso legal de esos señalamientos, lo cierto es que el contraste en el debate público es evidente.
Y en medio de ese contraste, hay algo que no pasa desapercibido.
Quienes hace apenas unos días señalaban con dureza a Chihuahua, hoy guardan silencio frente a otros contextos igual o más complejos. Esa selectividad no fortalece al Estado. Lo debilita.
Porque la exigencia de responsabilidad no puede depender de la conveniencia política.
Debe ser pareja.
Lo ocurrido en Chihuahua debe investigarse a fondo, sin matices ni protecciones. Pero también debe reconocerse algo que en el debate público suele perderse: hay gobiernos que, frente al crimen, deciden actuar.
Y actuar, en un país como México, tiene costos.
El verdadero problema es cuando el federalismo no acompaña esa acción. Cuando la coordinación falla, cuando las responsabilidades se diluyen y cuando la soberanía estatal se invoca en el discurso, pero no se respeta en los hechos.
Porque la soberanía no es una palabra. Es la capacidad real de un estado para proteger a su gente, tomar decisiones y contar con respaldo institucional.
Si ese respaldo no existe, entonces el federalismo deja de ser un sistema de equilibrio y se convierte en un esquema de abandono.
El caso Chihuahua no solo debe servir para exigir cuentas.
Debe servir para algo más incómodo, pero necesario: cuestionar si el modelo de coordinación entre Federación y estados está funcionando, o si estamos normalizando que cada quien enfrente el problema como pueda.
Porque cuando eso ocurre, ya no estamos hablando de soberanía.
Estamos hablando de sobrevivencia institucional.
Arturo Michel
