En el derecho electoral existe una regla básica: las elecciones tienen tiempos. La ley establece cuándo inicia el proceso electoral, cuándo pueden realizarse las precampañas y cuándo comienzan las campañas. El objetivo es garantizar equidad entre quienes participan y brindar certeza a la ciudadanía.
Sin embargo, la realidad política ha tomado un rumbo distinto. Aunque el calendario electoral para los procesos federal y local aún no se publica, basta recorrer los municipios, abrir las redes sociales o seguir la agenda pública para advertir que la competencia ya comenzó. Hay actores políticos que, desde hace años, mantienen una promoción permanente, recorriendo el territorio, encabezando eventos y construyendo una presencia constante con la mirada puesta en la siguiente elección.
La reciente reforma electoral en Chihuahua modificó diversos aspectos del sistema, pero dejó de lado uno de los principales retos de nuestra democracia: las campañas permanentes. Mientras el debate se concentró en temas como la integración de los ayuntamientos, las reglas de participación y otros ajustes legales, quedó sin atender una realidad evidente: hay quienes parecen estar en campaña desde el día siguiente de la elección anterior.
Los partidos políticos también han aprendido a aprovechar los espacios que la propia legislación permite. Bajo procesos internos, recorridos informativos, asambleas, encuentros ciudadanos o actividades partidistas, mantienen vigentes a quienes consideran sus posibles candidatos. Jurídicamente no están en campaña; políticamente, resulta difícil sostener lo contrario.
Los autodenominados defensores de la Cuarta Transformación son un ejemplo de esta estrategia. Desde 2021, diversos perfiles han recorrido el país y los estados de manera permanente, posicionando su imagen y construyendo estructuras políticas mucho antes del inicio formal del proceso electoral. Han sabido aprovechar los vacíos de la ley para mantenerse en una campaña prácticamente indefinida.
Pero sería un error pensar que este fenómeno pertenece únicamente a un partido. La tentación de vivir en campaña puede alcanzar a cualquier fuerza política que coloque la siguiente elección por encima de la responsabilidad de gobernar. Y precisamente ahí radica el mayor riesgo.
La ciudadanía no elige funcionarios para que pasen tres años construyéndose una nueva candidatura. Los elige para resolver problemas, cumplir compromisos y dar resultados. Gobernar debe ser la prioridad; la siguiente elección debería ser consecuencia de un buen desempeño, no el objetivo permanente del ejercicio del poder.
La ley señala cuándo debe comenzar una campaña. La realidad demuestra que, para muchos, nunca termina. Quizá ha llegado el momento de que las futuras reformas electorales dejen de concentrarse únicamente en las reglas de la competencia y empiecen a garantizar que quien fue electo gobierne con la misma intensidad con la que busca el siguiente cargo.
Porque hoy, aunque el calendario electoral aún no se publica, la campaña ya empezó.
Arturo Michel
