Los citatorios emitidos por la FGR a distintos gobernadores del país volvieron a encender el debate político nacional. Entre ellos aparecen Maru Campos y Rubén Rocha Moya. Y aunque para muchos la noticia es suficiente para tener un culpable, es importante ver el tema con responsabilidad: un citatorio no es una sentencia.
En una democracia, las instituciones tienen la obligación de investigar cuando existen hechos que así lo requieren, nadie debería estar por encima de la ley, pero tampoco debajo de la justicia mediática. Y ahí es donde veo uno de los grandes problemas de la actualidad: se ha vuelto muy fácil condenar antes de conocer, destruir antes de entender y sentenciar antes de escuchar.
La ciudadanía observa, algunos con desconfianza, otros con enojo, muchos simplemente cansados de escándalos políticos que se repiten una y otra vez. Pero parece que las personas ya empiezan a evaluar carácter, estabilidad y capacidad para gobernar en medio de la presión, no se limitan solamente a expedientes o titulares.
Y ahí es donde quiero enfocarme, en el caso de la gobernadora Maru Campos.
Porque más allá del ruido político o de las especulaciones, hay algo que para muchos ciudadanos sigue siendo más importante: la percepción de trabajo, cercanía y responsabilidad con las familias chihuahuenses. No hablo de perfección, porque ningún gobierno la tiene, me refiero a algo más sencillo y muy importante: la forma en la que un liderazgo enfrenta los momentos difíciles.
Hay políticos que desaparecen cuando hay crisis, otros les gusta confrontar instituciones, victimizarse o dividir todavía más a la sociedad. Pero también existen quienes entienden que gobernar es dar la cara, responsabilidad pública y continuar trabajando aun bajo presión.
Lo que honestamente sí me parece preocupante e indignante y me atrevo a decir que a muchos otros ciudadanos también, es la facilidad con la que algunos actores políticos y voces partidistas han decidido repetir una y otra vez que la gobernadora ya cometió un delito y debe pagar por él, cuando ni siquiera existe una sentencia o una acusación formal en su contra. Eso no debería parecernos normal.
Porque la justicia deja de ser justicia cuando primero se dice en discursos, en redes sociales y en ruedas de prensa, antes que en los tribunales. Claro que los ciudadanos queremos justicia, pero la queremos siempre, la queremos pareja, la queremos verdadera.
Por eso me pregunto, ¿por qué ese mismo rigor desaparece cuando las acusaciones involucran a personajes cercanos al oficialismo? ¿Por qué en algunos casos se exige “todo el peso de la ley” y en otros si existe la prudencia, el silencio o incluso protección política? Esa percepción de justicia selectiva es precisamente lo que más lastima la confianza ciudadana.
Y no, no me molesta que la gobernadora acuda ante la Fiscalía, como cualquier ciudadano, tiene derechos y también obligaciones frente a la ley. Lo que sí preocupa es que la justicia cambia de intensidad dependiendo del partido político al que se pertenezca. Porque cuando se trata de la oposición, se activa toda la fuerza institucional, pero cuando los señalamientos apuntan hacia figuras cercanas al poder federal, el discurso cambia, la indignación baja y la exigencia no es la misma.
Mientras el debate nacional se mantiene entre confrontaciones políticas y juicios anticipados, la ciudadanía sigue preocupada por lo simple: quién gobierna, quién responde y quién mantiene estabilidad en momentos de presión. Ahí es donde muchas personas seguimos respaldando a Maru Campos, no desde la militancia ciega, sino desde la convicción de que Chihuahua necesita instituciones fuertes, gobernabilidad y trabajo constante.
La justicia debe aplicarse con firmeza, sí, pero también debe ser imparcial, porque cuando el criterio cambia dependiendo de quién esté en el poder, lo que se debilita no es un partido político, sino la credibilidad de las instituciones. Más allá de colores, Chihuahua espera congruencia, estabilidad y justicia pareja.
