El pasado 1 de septiembre se cumplió un año de que entraran en funciones quienes llegaron al Poder Judicial a través del voto ciudadano. Fue un momento histórico para nuestro país. Se nos dijo que estábamos frente a una nueva etapa, que la justicia debía acercarse al pueblo y que la ciudadanía tendría, por primera vez, la posibilidad de decidir quiénes ocuparían los espacios desde los cuales se imparte justicia.
Hoy, un año después, las redes sociales se han llenado de felicitaciones, fotografías, mensajes institucionales y hasta pasteles para celebrar el primer aniversario. Y sí, un año es motivo para hacer un balance. Pero precisamente por eso, además de celebrar, habría que empezar a evaluar.
Porque aquí aparece una pequeña contradicción que vale la pena señalar: durante años escuchamos que el problema era que la justicia estaba alejada de la gente, que había privilegios, que hacía falta transformar las instituciones y devolverle al pueblo la posibilidad de decidir. Si ese fue uno de los argumentos para cambiar la forma de elegir a jueces y magistrados, entonces ahora que la ciudadanía participó en esa elección, también debería tener elementos para saber qué recibió a cambio de su voto.
Cuando un alcalde cumple un año, esperamos un informe. Queremos conocer obras, presupuesto, programas y resultados. Nadie considera suficiente que el alcalde publique fotografías de sus actividades y diga que ha sido un buen año. Entonces, ¿por qué habría de ser diferente cuando hablamos de quienes tienen en sus manos la responsabilidad de impartir justicia?
No se trata de politizar a los jueces ni de convertirlos nuevamente en actores de campaña. Se trata precisamente de evaluar su función con criterios objetivos. Después de un año ya deberíamos comenzar a conocer, de manera general, cuánto se ha resuelto, cuánto tiempo toma resolver, qué tanto rezago existe y qué sucede con las resoluciones cuando son recurridas. No para etiquetar a un juzgador como bueno o malo a partir de una estadística aislada, sino para empezar a construir una verdadera evaluación del desempeño judicial.
También sería injusto decir que todo ha sido negativo. Existen excelentes juzgadores que han asumido su responsabilidad con seriedad, preparación y vocación. Pero justamente por ellos debemos exigir mejores mecanismos de evaluación. Porque si todos reciben el mismo reconocimiento independientemente de sus resultados, terminamos haciendo invisible a quien realmente está haciendo bien su trabajo.
Y hay algo más que tampoco podemos ignorar. Hay quienes parecen entender que la elección terminó hace un año y que ahora corresponde dedicarse a impartir justicia; pero también existe la percepción de que algunos todavía viven en lógica de campaña, con una presencia pública que en ocasiones parece tener más peso que el trabajo que debería ocurrir dentro de los tribunales. No se trata de cuestionar que un juzgador comunique lo que hace. Se trata de recordar que un juez no fue electo para ser popular, sino para resolver conforme a derecho.
A un año de aquella elección no creo que sea serio afirmar que la reforma judicial fracasó. Pero tampoco sería serio afirmar que fue un éxito solamente porque ocurrió una elección y quienes resultaron electos cumplieron su primer año en el cargo.
La verdadera prueba apenas comienza.
Porque las reformas pueden cambiar leyes, procedimientos y hasta la forma de elegir a quienes ocupan los cargos. Pero si al final el ciudadano continúa esperando años por una resolución, enfrentando procesos incomprensibles o sintiendo que la justicia está lejos de su realidad, entonces tendremos que preguntarnos cuánto cambió realmente.
La reforma judicial nació con una enorme promesa y con una enorme expectativa. Ahora corresponde pasar de las promesas a los resultados.
Después de un año, quizá todavía no tengamos todas las respuestas. Pero ya tenemos el derecho —y también la obligación— de empezar a hacer las preguntas correctas.
Porque si se nos dijo que la justicia sería del pueblo, entonces el pueblo también tiene derecho a saber cómo está funcionando.
Y al final, una reforma no se demuestra porque cambien los jueces, porque cambien las reglas o porque se celebre un aniversario.
**Se demuestra cuando cambia la justicia que recibe el ciudadano.**
**Arturo Michel**
