En el debate público solemos escuchar con ligereza palabras como reforma, modificación, actualización o armonización legislativa, abrogar, derogar; sin que muchas veces se explique con claridad qué significan realmente ni cómo impactan en la vida cotidiana del ciudadano. Esta columna nace justamente para eso: para analizar lo que la ley dice, lo que pretende, y lo que en la práctica termina ocurriendo.
Una reforma, en términos simples, es un cambio a una ley ya existente. Puede consistir en agregar, eliminar o modificar artículos, fracciones o párrafos. El problema es que no todas las reformas buscan mejorar la realidad; algunas solo buscan administrarla, maquillarla o acomodarla a intereses específicos. Y es ahí donde aparecen las famosas letras chiquitas: los artículos transitorios, los plazos ambiguos, las excepciones silenciosas que casi nadie lee, pero que terminan definiendo cómo y cuándo se aplica una ley.
México es uno de los países más legislados del mundo. Tenemos leyes, códigos y reglamentos para casi todo. Sin embargo, eso no nos convierte automáticamente en un país más justo, más seguro o más ordenado. Muchas veces, para el gobierno resulta más fácil modificar una ley que enfrentar el problema de raíz. Un ejemplo claro es el Código Penal: ante la inseguridad, la respuesta recurrente ha sido endurecer sanciones, aumentar penas y crear nuevos delitos, olvidando una realidad básica: quien delinque no piensa que será detenido, y mucho menos que será juzgado. Sin prevención, sin investigación eficaz y sin una estrategia real de seguridad pública, las penas más altas solo sirven para llenar hojas del Diario Oficial, no para dar tranquilidad a la ciudadanía.
Otro ejemplo reciente es la Ley Nacional de Aguas. Un tema urgente, sensible y vital para el país. En lugar de utilizar toda la capacidad del Estado para atender el problema de fondo —infraestructura, tecnificación, distribución equitativa y sustentabilidad— se optó por el camino conocido: legislar, simular atención y postergar soluciones reales. La ley avanza, pero la realidad permanece estancada.
Esto no significa que toda ley sea mala o innecesaria. Existen leyes, códigos y reglamentos bien estructurados, con análisis serio y un trasfondo auténtico de beneficio social. Además, es innegable que las leyes deben evolucionar. Nuestra Constitución es de 1917, y el paso del tiempo, las nuevas tecnologías y los cambios sociales exigen adecuaciones constantes: transitar de lo físico a lo digital, proteger nuevos derechos y regular realidades que antes no existían.
El problema no es reformar, sino reformar sin entender, legislar sin escuchar y gobernar creyendo que la ley, por sí sola, transforma la realidad.
En este espacio hablaremos de eso: de los temas actuales, de las reformas que se discuten, de lo que la ley dice y de lo que no se quiere que el ciudadano entienda, o de lo que a veces el legislador olvida: que la ley es para todos, no solo para quien la escribe.
Aquí analizaremos, explicaremos y pondremos sobre la mesa lo que usted necesita comprender para formarse su propio criterio.
Porque una cosa es lo que dice la ley,
y otra muy distinta, la realidad.
Arturo Michel
