Lo que ocurre en Venezuela se ha convertido en el tema internacional de moda. La reciente intervención de Estados Unidos y la detención de Nicolás Maduro detonaron una avalancha de hipótesis: que si se trata de una estrategia para controlar el petróleo venezolano, que si la verdadera intención es liberar a un país sometido por un régimen autoritario, o incluso que fue un reto directo al liderazgo político estadounidense. Las explicaciones abundan, pero pocas veces se detienen a analizar el fondo.
Como ciudadanos, aprendimos a opinar rápido. A tomar postura desde una perspectiva personal, ideológica o emocional, sin detenernos a escuchar a quienes verdaderamente están en el centro de la crisis: los venezolanos. Surgieron manifestaciones en distintas partes del mundo, pronunciamientos a favor y en contra del gobierno estadounidense, pero muy pocos se sentaron a escuchar el sentir real de quienes viven las consecuencias todos los días. Ahí es donde debemos recordar que la política, al final, es la toma de decisiones, y que no existe una democracia perfecta; si dos personas difícilmente se ponen de acuerdo, mucho menos una nación entera.
En Venezuela y en el mundo se vieron reacciones encontradas: algunos celebraron lo que consideraron una liberación, otros manifestaron temor ante la pérdida de poder, el vacío institucional o la incertidumbre jurídica. Sin embargo, en medio de ese ruido, hay una pregunta que casi no se ha formulado y que resulta esencial: ¿el actuar del gobierno estadounidense estuvo o no apegado a derecho?
Porque más allá de las narrativas políticas, el análisis jurídico es inevitable. El derecho internacional es claro al establecer que ningún Estado puede usar la fuerza contra otro sin el consentimiento del país afectado, sin una resolución expresa del Consejo de Seguridad de la ONU o sin una causa estricta de legítima defensa ante una amenaza inminente. En este caso, no existe una autorización internacional ni una justificación evidente que permita encuadrar la intervención dentro de esos supuestos.
Desde una óptica jurídica, la operación realizada por Estados Unidos difícilmente puede considerarse legal. La persecución de delitos, aun cuando se aleguen razones de seguridad o justicia, no faculta a un Estado para ingresar por la fuerza al territorio de otro país soberano y detener a su jefe de Estado. Para ello existen mecanismos multilaterales, tribunales internacionales y procedimientos que, aunque imperfectos, buscan evitar que el poder sustituya al derecho. Saltarse esos cauces abre la puerta a un precedente peligroso: que la fuerza se imponga sobre la norma cuando conviene.
Esto no significa ignorar la profunda crisis venezolana ni minimizar el sufrimiento de su población. Significa entender que el derecho internacional existe precisamente para evitar que los conflictos políticos se resuelvan mediante acciones unilaterales que pueden escalar y generar mayor inestabilidad global. La legalidad no siempre es cómoda, pero es necesaria.
Desde México, la reflexión no es ajena. Nuestra política exterior históricamente ha defendido el principio de no intervención y el respeto a la soberanía. A diferencia de Venezuela, nuestras tensiones políticas todavía se dirimen —con todas sus fallas— dentro de un marco institucional y jurídico. Esa diferencia es clave. Porque cuando el derecho deja de ser el límite del poder, el riesgo no es solo para una nación, sino para todas.
Entre la Ley y la realidad, la lección es clara: sin respeto al marco jurídico, cualquier acción, por justa que se pretenda, termina debilitando el orden que dice proteger.
Arturo Michel
