Hablar de una reforma electoral no es un asunto menor. En términos jurídicos, implica modificar las reglas del juego democrático: cómo se accede al poder, cómo se ejerce y, sobre todo, cómo se garantiza la equidad en la contienda. No se trata únicamente de ajustar normas, sino de redefinir equilibrios institucionales que han tomado décadas en construirse. Por ello, toda reforma en esta materia debería partir del consenso, del análisis técnico y del interés general, no de la coyuntura política ni de mayorías circunstanciales.
El denominado “Plan B” de la reforma electoral surge precisamente como consecuencia de la imposibilidad de alcanzar la mayoría calificada que exige la Constitución para modificarla. El llamado “Plan A”, de carácter constitucional, no prosperó; en consecuencia, se optó por una vía secundaria: la modificación de leyes ordinarias. Este giro no es menor, pues revela una estrategia legislativa orientada a lograr, por otra vía, objetivos que no pudieron consolidarse en el plano constitucional. Es decir, se transitó de una reforma estructural a una reforma funcional, pero con impactos igualmente profundos.
Uno de los aspectos más cuestionables del proceso legislativo fue su aprobación “en lo general”, dejando de lado el análisis “en lo particular” de múltiples disposiciones. En términos parlamentarios, aprobar en lo general implica aceptar la esencia del proyecto, mientras que la discusión en lo particular permite revisar, debatir y, en su caso, corregir cada uno de sus artículos. La omisión o limitación de esta etapa debilita el debate democrático y reduce el espacio para el análisis técnico, convirtiendo un proceso legislativo que debería ser deliberativo en uno meramente expedito.
A ello se suma el hecho de que el contenido final del “Plan B” dista considerablemente de la propuesta original. Los cambios entre el Plan A y el Plan B no fueron simplemente ajustes, sino modificaciones sustanciales que alteraron el alcance de la reforma. Esta transición evidenció tensiones incluso dentro del propio bloque legislativo. Partidos aliados, como el Partido del Trabajo, manifestaron reservas no menores, particularmente en lo relativo al financiamiento y a las reglas de supervivencia de los partidos políticos. Y es que, bajo ciertas condiciones, estas modificaciones podrían afectar directamente su permanencia, lo que pone sobre la mesa una pregunta incómoda pero necesaria: ¿se está legislando en favor del sistema democrático en su conjunto o en función de intereses partidistas específicos?
Desde una perspectiva jurídica, la preocupación central radica en el debilitamiento de los órganos electorales y en la posible afectación a los principios de certeza, legalidad e imparcialidad. La experiencia comparada y la propia historia institucional de México han demostrado que los contrapesos no son un obstáculo, sino una garantía. Reducir capacidades técnicas o presupuestales sin un diagnóstico claro puede traducirse en procesos electorales más vulnerables, no más eficientes.
En este contexto, resulta indispensable recordar que figuras como la revocación de mandato tienen una naturaleza claramente definida: son mecanismos de participación ciudadana. Su esencia radica en que sea la ciudadanía quien los active, quien los impulse y quien, en última instancia, decida. Cuando estos instrumentos se utilizan desde el poder o se promueven con el respaldo de estructuras gubernamentales, se desvirtúa su finalidad y se pone en entredicho su legitimidad.
Entre la ley y la realidad, la reforma electoral nos deja una lección clara: la legalidad no siempre garantiza legitimidad. El respeto a los procedimientos, la apertura al debate y la construcción de consensos no son formalidades, sino condiciones indispensables para fortalecer nuestra democracia. Reformar sí, pero con responsabilidad, visión de Estado y, sobre todo, con respeto a las reglas que nos hemos dado como sociedad.
Seguiremos analizando y desglosando esta reforma en futuras entregas, pues aún quedan muchos puntos por abordar. Nos leemos la siguiente semana.
*Arturo Michel*
