En la vida diaria solemos tomar decisiones importantes guiándonos por lo que escuchamos: el consejo del amigo, la experiencia del vecino o la historia de alguien a quien “le pasó algo parecido”. En muchos temas puede funcionar, pero cuando se trata de asuntos legales, esa práctica suele convertirse en un riesgo silencioso que compromete nuestro futuro jurídico.
Existe un temor generalizado hacia los abogados y hacia los tribunales. Se cree que acudir a un especialista es costoso, complicado o innecesario. Por eso muchas personas prefieren “dejarlo así”, firmar sin leer, no denunciar, no preguntar o actuar como actuó alguien más. El problema es que en derecho no existen los casos idénticos: cada situación tiene variables propias y consecuencias distintas.
Vale la pena recordar algo fundamental: las leyes no las escriben entes lejanos o ajenos a la sociedad. Las elaboran legisladores y asesores que son personas comunes, como usted o como yo, y que eventualmente también enfrentarán conflictos familiares, civiles, laborales o incluso penales. La diferencia está en que ellos conocen —o deberían conocer— las reglas del juego.
Hoy existen múltiples vías de acceso a la justicia que muchas veces se desconocen. No todo conflicto llega directamente a un juicio. Hay instancias de orientación gratuita, mecanismos de conciliación, justicia cívica, mediación, y procedimientos específicos en materia penal, civil y familiar que pueden resolver problemas antes de que se conviertan en crisis mayores.
El Estado tiene la obligación de garantizar que la ciudadanía esté informada y tenga acceso real a la justicia, pero esa responsabilidad también se comparte con una sociedad que debe perder el miedo a preguntar y a asesorarse. Una buena orientación a tiempo puede evitar años de conflicto, gastos innecesarios y consecuencias legales irreversibles.
Así como en la medicina se insiste en no automedicarse, en el derecho debería aplicarse la misma lógica: no actuar sin diagnóstico. Acudir con un especialista antes de tomar decisiones, pedir segundas opiniones y entender las implicaciones legales de nuestros actos no es exageración, es prevención.
Y, quizá el consejo más simple pero más ignorado: antes de firmar cualquier documento —y también antes de elaborarlo— revíselo con cuidado. Hoy es común descargar formatos “prehechos” de internet, sin considerar que muchos corresponden a otro estado o incluso a otro país, con leyes, requisitos y efectos jurídicos distintos. Un documento mal elaborado puede ser tan dañino como uno mal firmado: genera falsas certezas y problemas legales que pudieron evitarse con una asesoría adecuada.
Entre la ley y la realidad, muchas veces el problema no es la falta de normas, sino el desconocimiento —o el temor— de usarlas.
Arturo Michel
Abogado
