México presume que es megadiverso. Lo hacemos con orgullo institucional, con cifras impactantes y discursos bien estructurados. Hablamos de nuestros desiertos, sierras y costas como si esa riqueza natural estuviera blindada por el simple hecho de reconocerla. Lo que pocas veces decimos con la misma claridad es que, en este país, trabajar por el territorio puede ser peligroso.
Jesús Antonio De la O Valdez, ingeniero ambiental chihuahuense, salió a ejercer su profesión en Concordia, Sinaloa. No salió a confrontar intereses ni a encabezar consignas. Salió a trabajar dentro de un proyecto vinculado a la industria minera, a hacer lo que hacen cientos de profesionales cuando pisan campo: medir, evaluar, documentar y aportar conocimiento técnico.
Y no regresó.
Lo ocurrido en esa región no puede reducirse a un episodio más dentro del panorama nacional de inseguridad. Tampoco puede explicarse con la comodidad del “es el país que tenemos”. Se dio en un contexto donde había advertencias previas, tensión territorial evidente, desplazamientos en comunidades cercanas y reportes de riesgo que no eran imaginarios. Trabajadores hablaron de revisiones por grupos armados, de presión en campo, de paros impulsados por el propio personal ante escenarios que consideraban insostenibles. La región era descrita incluso como zona de guerra informal.
Y aun así, la operación continuó.
Aquí la conversación deja de ser anecdótica y se vuelve estructural. La minería y otras industrias extractivistas suelen sostenerse bajo el argumento de desarrollo, inversión y empleo. Pero cuando se insertan en territorios fracturados por violencia, la pregunta ya no es económica, es ética. Ningún proyecto puede llamarse responsable si opera en regiones donde la gobernabilidad es frágil y la seguridad es incierta.
En testimonios recientes se mencionó algo que debería estremecer a cualquiera: grupos armados advirtiendo que no podían garantizar seguridad. Se habló incluso de códigos improvisados para distinguir trabajadores y reducir riesgos. Esa imagen revela más que cualquier comunicado corporativo. Cuando el territorio se rige por dinámicas paralelas y la prevención se vuelve improvisación, el riesgo deja de ser circunstancial.
No se trata de satanizar la minería de manera simplista. Se trata de cuestionar cómo se implementa en contextos complejos. El extractivismo en regiones con presencia criminal no puede operar bajo estándares ordinarios ni bajo la lógica de que el riesgo es un costo aceptable. Cuando la continuidad productiva pesa más que la estabilidad territorial, el discurso de sostenibilidad pierde consistencia.
Toño no es un número. No es una variable dentro de una gráfica de seguridad. Es un ingeniero ambiental formado, comprometido, parte de ese sector técnico que justamente busca que el desarrollo tenga menos impacto y más orden. Paradójicamente, ese mismo territorio que estaba siendo evaluado terminó siendo escenario de su muerte.
Su caso no es un fenómeno aislado. Meses antes desapareció en Veracruz el biólogo Miguel Ángel de la Torre Loranca, también vinculado a trabajo territorial. México aparece de manera reiterada en reportes internacionales como uno de los países más peligrosos para defensores ambientales y personas asociadas a la protección del territorio. Son cifras que se repiten año tras año y reflejan una tendencia preocupante.
Lo verdaderamente inquietante es que hemos aprendido a convivir con esa realidad. Aceptamos que ciertas regiones operen bajo tensión permanente mientras la economía avanza. Se habla de responsabilidad social, de gobernanza ambiental, de buenas prácticas, pero rara vez se coloca la seguridad territorial como condición previa e innegociable.
El territorio no es solo subsuelo con minerales. Es tejido social, comunidad, equilibrio institucional. Cuando esos elementos están comprometidos, cualquier proyecto que continúe operando se inserta en un escenario de alto riesgo. Y el riesgo siempre lo asumen personas con nombre, familia y futuro.
Cuidar el planeta no debería requerir valentía extraordinaria. No debería implicar navegar dinámicas ajenas a la profesión. Debería ser una actividad respaldada por estructuras sólidas y por un Estado capaz de garantizar entornos seguros.
Lo ocurrido en Concordia obliga a revisar no solo protocolos internos, sino el modelo completo de inserción de actividades extractivas en territorios vulnerables. Obliga a preguntarnos si realmente estamos dispuestos a frenar cuando el entorno social se descompone o si la inercia económica siempre tendrá prioridad.
Hoy la crítica no es superficial ni emocional. Es una reflexión sobre cómo se cruzan desarrollo, violencia y territorio en un país que sigue llamándose megadiverso mientras enfrenta profundas fragilidades estructurales.
Consejo incómodo: la sostenibilidad comienza por garantizar que quienes trabajan en el territorio regresen a casa. Ningún cronograma productivo puede pesar más que la vida. Exijamos que la seguridad territorial sea condición previa, no narrativa posterior. Defender la vida debe ser el primer indicador de responsabilidad.
Más allá del análisis, hoy corresponde honrar su memoria. Descansa en paz, Toño. Chihuahuense, hijo, amigo, ingeniero, profesional comprometido. Que tu nombre no se diluya en la estadística y que tu historia nos obligue a cuestionar lo que estamos normalizando.
Juntos Todos por la Naturaleza… y por quienes la estudian y la cuidan con responsabilidad, incluso en escenarios complejos. 🌱
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