Lo ocurrido en Jalisco fue narrado como crisis de seguridad. Bloqueos, vehículos incendiados, humo cubriendo autopistas y ciudades paralizadas. Las imágenes circularon con velocidad, los análisis se centraron en operativos y estrategias, pero casi nadie habló del aire.
Ese humo no era simbólico. Era químico.
Cuando un automóvil arde no desaparece en llamas románticas de película. Se queman plásticos, hule, poliuretano, pinturas industriales, aceites, cables y baterías. La combustión libera partículas finas PM2.5, metales pesados, compuestos orgánicos volátiles y sustancias tóxicas como dioxinas y furanos. Esas partículas no se esfuman. Se suspenden en la atmósfera, se depositan en suelos, caen en techos, se respiran.
En eventos de quema masiva de vehículos, las emisiones pueden elevar temporalmente las concentraciones de partículas en zonas urbanas ya vulnerables. Y esas partículas están asociadas con problemas respiratorios, cardiovasculares y agravamiento de enfermedades crónicas. El fuego criminal también tiene impacto epidemiológico.
Pero lo verdaderamente incómodo es que esto es apenas la capa visible.
El crimen organizado en México no solo trafica drogas o armas. También opera como actor ambiental clandestino. Diversas investigaciones en América Latina han documentado su participación en tala ilegal, minería sin regulación, tráfico de vida silvestre y control territorial de actividades extractivas. Cuando una organización criminal controla una región, la regulación ambiental desaparece de facto. El bosque se convierte en inventario inmediato, no en ecosistema.
La tala ilegal representa un porcentaje significativo de la madera comercializada en el país. Esto implica pérdida de cobertura forestal, reducción de captura de carbono y fragmentación de hábitats. La deforestación no es solo pérdida de paisaje; es liberación directa de carbono almacenado durante décadas. Cada hectárea perdida contribuye al cambio climático.
En minería ilegal, el impacto es aún más grave. El uso de mercurio en procesos extractivos informales contamina ríos y suelos. El mercurio se bioacumula en peces, pasa a cadenas alimenticias y termina afectando comunidades enteras. Redes de suministro clandestinas han sido señaladas en la región latinoamericana como parte de economías criminales que no solo generan violencia, sino también daño ecológico irreversible.
Incluso en zonas costeras, cuando grupos criminales imponen control territorial, la pesca se vuelve extracción sin límites. Sin monitoreo, sin cuotas, sin ciencia. Y cuando el miedo sustituye a la autoridad ambiental, los ecosistemas pierden toda protección.
Lo que ocurrió en Jalisco con vehículos incendiados no fue un episodio aislado de humo en la carretera. Fue una expresión visible de algo más profundo: cuando el Estado pierde control territorial, la naturaleza queda expuesta a explotación inmediata y sin reglas.
El crimen organizado tiene huella de carbono. Tiene huella hídrica. Tiene huella forestal.
No aparece en informes corporativos ni en reportes oficiales de emisiones nacionales, pero está ahí. Cada incendio intencional libera gases de efecto invernadero. Cada bosque talado ilegalmente disminuye capacidad de captura. Cada río contaminado altera biodiversidad y salud pública. Cada territorio controlado por miedo elimina cualquier posibilidad de gobernanza ambiental.
Y lo más inquietante es que solemos separar la agenda de seguridad de la agenda ambiental. Como si primero resolviéramos la violencia y luego, en una etapa futura ideal, habláramos de ecosistemas. Pero ambas crisis avanzan juntas.
En un país que ya enfrenta estrés hídrico en más del sesenta por ciento de su territorio, que ha perdido millones de hectáreas de cobertura forestal en las últimas décadas y que vive episodios recurrentes de mala calidad del aire en zonas urbanas, permitir que economías criminales operen sobre el territorio es permitir una aceleración silenciosa del deterioro ambiental.
Cuando un territorio se vuelve zona de conflicto, no solo se fragmenta la sociedad. Se fragmenta el ecosistema.
Consejo incómodo: no normalicemos el humo como paisaje. Desde casa podemos evitar comprar madera sin certificación o de origen dudoso, no consumir productos cuya cadena sea opaca, reducir demanda de mercancía que alimenta economías ilegales y denunciar incendios o tiraderos clandestinos cuando existan canales formales. La presión ciudadana también construye gobernanza. El ambiente no es un tema secundario cuando hablamos de seguridad; es parte central del problema.
Lo que pasó en Jalisco fue violencia, sí. Pero también fue contaminación, fue carbono liberado, fue degradación acumulada. Fue otro recordatorio de que cuando el crimen avanza, el territorio siempre paga primero.
Juntos Todos por un país donde la seguridad no solo se mida en operativos, sino también en bosques intactos, ríos limpios y aire respirable. 🌿
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