Hay películas que entretienen, novelas que apasionan y personajes que terminan convirtiéndose en una lección sobre la naturaleza humana. El Padrino, la extraordinaria obra de Mario Puzo llevada al cine por Francis Ford Coppola, pertenece a esa categoría. No es solamente una historia sobre la mafia italiana; es también un retrato de las ambiciones, los pactos, las lealtades y las traiciones que acompañan a quienes concentran el poder.
Y vaya que en Chihuahua tenemos material para una buena novela política.
Porque cuando uno observa lo que está sucediendo entre la gobernadora Maru Campos y quien fuera su fiscal general, César Jáuregui Moreno, resulta inevitable recordar una de las grandes enseñanzas de aquella historia: en los círculos del poder, las alianzas pueden parecer eternas hasta que los intereses cambian y las lealtades se ponen a prueba.
EL PODER Y SUS LEALTADES
Don Vito Corleone entendía que el poder no se construye únicamente con autoridad, sino también con relaciones, compromisos y una red de personas que, en algún momento, esperan recibir algo a cambio de su lealtad.
La política funciona de otra manera, por supuesto. En una democracia existen instituciones, leyes y responsabilidades públicas que deben estar por encima de cualquier amistad o compromiso personal. Pero sería ingenuo negar que las relaciones políticas también se construyen con confianza, acuerdos y proyectos compartidos.
Durante años, Maru Campos y César Jáuregui formaron parte de un mismo proyecto político. Él fue una figura importante dentro de su entorno y terminó encabezando una de las instituciones más delicadas del Gobierno estatal: la Fiscalía General del Estado.
Hoy, sin embargo, el escenario es radicalmente distinto.
Jáuregui enfrenta investigaciones y acusaciones relacionadas con los acontecimientos del operativo realizado en El Pinal, en la Sierra Tarahumara, donde salió a la luz la participación de agentes estadounidenses y posteriormente se conoció la muerte de cuatro personas, entre ellas dos ciudadanos estadounidenses vinculados con ese operativo.
El caso abrió una crisis institucional y política que trascendió las fronteras de Chihuahua.
El exfiscal fue detenido y enfrenta un procedimiento estatal, además de una causa federal en la que se le atribuyen presuntos delitos contra la seguridad nacional y traición a la patria. La responsabilidad penal que corresponda deberá determinarse mediante las pruebas y las resoluciones de los tribunales.
Pero la historia política no se detiene mientras los jueces hacen su trabajo.
CUANDO EL ALIADO SE CONVIERTE EN PROBLEMA
En El Padrino, la confianza es un bien invaluable, pero también una de las mayores vulnerabilidades de quienes gobiernan sus propios territorios.
En Chihuahua, la pregunta ya no es solamente qué ocurrió en El Pinal. También importa saber quién sabía qué, quién tomó las decisiones, quién debía estar informado y por qué un asunto de semejante magnitud terminó convirtiéndose en una crisis para el Gobierno estatal.
Maru Campos ha sostenido públicamente que nadie que haya servido en su administración está por encima de la ley. Más recientemente, de acuerdo con información difundida por la Fiscalía General de la República, la gobernadora proporcionó señalamientos sobre presuntos actos de corrupción atribuidos al exfiscal, relacionados con supuestos casinos y prestanombres. Esos señalamientos abrieron una nueva línea de investigación y no equivalen, por sí mismos, a una responsabilidad penal acreditada.
Aquí aparece la parte más delicada del asunto.
¿Estamos ante el deslinde de una gobernadora que busca establecer responsabilidades por actuaciones que considera irregulares? ¿O estamos presenciando la ruptura definitiva de una alianza política que durante años parecía sólida?
Las dos preguntas merecen respuestas, pero ninguna puede resolverse a partir de especulaciones.
Lo que sí está a la vista es que la relación política quedó sometida a una prueba extraordinaria y que las consecuencias pueden alcanzar mucho más que a dos personajes.
EL PRECIO DE LAS DECISIONES
En la política, los errores de un funcionario pocas veces se quedan exclusivamente en su escritorio. Cuando se trata del fiscal de un estado, las consecuencias pueden alcanzar al gabinete, al partido gobernante y a quien encabeza el Ejecutivo.
Y aquí Maru Campos enfrenta uno de los momentos más complejos de su administración.
Porque una cosa es exigir que se investigue a un antiguo colaborador y otra muy distinta es conseguir que la opinión pública distinga entre la responsabilidad individual, la responsabilidad institucional y la responsabilidad política.
La gobernadora tiene derecho a deslindarse de cualquier conducta que no haya autorizado. Pero también tiene la obligación pública de contribuir al esclarecimiento de los hechos, garantizar la colaboración institucional y permitir que las investigaciones avancen sin interferencias.
Por su parte, César Jáuregui tiene derecho a una defensa y a que su responsabilidad sea determinada conforme a la ley.
Ni la cercanía política debe convertirse en un escudo, ni la ruptura política debe sustituir las pruebas.
Ese es precisamente el punto donde una democracia se distingue de cualquier historia de ficción sobre familias poderosas.
CHIHUAHUA NO ES CORLEONE, PERO LA POLÍTICA TAMBIÉN TIENE SUS DRAMAS
El caso apenas comienza a desplegar sus consecuencias y sería prematuro escribir un desenlace definitivo.
Sin embargo, sus repercusiones políticas ya son motivo de discusión. El PAN enfrenta el desafío de cuidar su cohesión interna, mientras sus adversarios encuentran en la crisis una oportunidad para cuestionar a quienes gobiernan Chihuahua.
Y rumbo a las elecciones de 2027, cada movimiento adquiere otra dimensión.
En política, los tiempos judiciales no siempre coinciden con los electorales. Una investigación puede prolongarse durante meses, pero una declaración puede modificar en horas la percepción pública de un gobierno.
Maru Campos necesita demostrar que su compromiso con la legalidad no depende de quién esté bajo investigación. El PAN necesita evitar que la crisis se convierta en una disputa de lealtades personales. Y las autoridades deben esclarecer los hechos sin permitir que el ruido político sustituya el trabajo de la justicia.
Porque si algo nos enseña El Padrino es que las alianzas pueden ser poderosas, pero ninguna está exenta de intereses, contradicciones y consecuencias.
La diferencia es que en Chihuahua no debe haber padrinos que decidan el destino de los expedientes, ni lealtades que estén por encima de la ley.
Aquí, el desenlace no debe escribirlo un guionista, ni decidirlo una familia política, ni anticiparlo una campaña electoral.
El desenlace debe escribirlo la justicia, con pruebas, con legalidad y sin privilegios.
Y mientras tanto, en los pasillos del poder, queda una pregunta que seguramente muchos se hacen, aunque pocos se atrevan a formularla en voz alta:
Cuando un aliado de tantos años termina sentado frente a los tribunales, ¿se está derrumbando solamente una carrera política o estamos descubriendo las grietas de todo un sistema de confianza?
Porque en esta película llamada Chihuahua, todavía faltan capítulos.
Y como diría cualquier buen lector de Mario Puzo, en las historias del poder nunca conviene confundir el silencio con la paz, ni la lealtad con la impunidad.
Al tiempo… porque en política, como en las grandes novelas, los capítulos más reveladores suelen llegar cuando todos creen que la historia ya está contada.
